La mañana de ayer escribí en X la siguiente trivia:
Debo decir que, entre la mucha especulación que causó la publicación en X —muestra de ello, los miles de impactos que generó—, solamente una persona acertó, vía WhatsApp, el nombre del beneficiado, a partir de su rol partidista y de una recompensa transaccional jurídica traducida en las riquezas y bondades que representa una notaría.
Quien acertó con el nombre es un militante histórico y feroz lector de las columnas que quien esto escribe ha publicado para LIBERACIÓN.
Me causaron sorpresa la especulación e incluso los reclamos anticipados de usuarios de X, quienes, con ironía y desconfianza, afirmaban que eventualmente yo no daría a conocer la información.
Así que, también para esos lectores, aquí va el desglose de la trama.
El ahora notario desde las sombras es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Inició su sueño notarial en la Notaría número 52.
Ahí, el protagonista de la presente historia llegó a desempeñarse como coordinador operativo.
Posteriormente, el abogado, cuyas aptitudes metajurídicas le han permitido transitar entre las lianas y las máscaras políticas, de grupo en grupo dentro de Morena Puebla, inició su trayectoria en el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, en un modesto cargo como enlace administrativo de la Sala de Regidores, una función mucho más contable que política o jurídica.
Más adelante, de la mano del ahora multidefenestrado Éric Cotoñeto Carmona, llegó a ser representante electoral de Morena en Puebla, con el padrinazgo indirecto de Miguel Barbosa.
En el curso del proceso electoral de 2021, el representante electoral se puso del lado de Edgar Garmendia y del grupo de Claudia Rivera Vivanco, en contra del exgobernador Miguel Barbosa, y no a favor del movimiento que gestaron Mario Bracamonte —entonces dirigente en funciones del partido en Puebla—, Gabriel Biestro, y la mayoría constituida del Consejo Estatal, en la ruta política en favor del ex gobernador Miguel Barbosa y en contra de las imposiciones de Mario Delgado en las candidaturas de Morena en Puebla.
Quedó clara, así, la traición política del abogado electoral hacia Miguel Barbosa, quien le había dado la oportunidad de asumir el cargo y la representación jurídica.
Posteriormente, durante la transición de la dirigencia de Edgar Garmendia a la de Olga Romero Garci-Crespo, y gracias a la amistad que el ahora abogado electoral de Morena había tejido en su lejana juventud priista con el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llegó su mejor momento: el sueño nunca soñado, realizado.
Como decía Julio Scherer, en Morena no llegaron los más capaces, sino los que más suerte tuvieron.
Y vaya que al representante electoral de Morena le cambió económicamente la vida.
Antes, en el viejo priismo, las notarías estaban reservadas para familiares de exgobernadores, de exsecretarios de Gobernación o de exdirigentes políticos.
Ahora, la Cuarta Transformación no ha premiado al de mayor jerarquía, sino al que más supo sonreír y mejor se supo mover en las lagunas de la política poblana.
Desde el 15 de enero de 2025, la licenciada Gabriela Bermúdez Ruiz, también egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es formalmente titular de la Notaría Pública número 2 del distrito judicial de Izúcar de Matamoros.
A pesar de no tener ningún arraigo social en Izúcar, se dio una recompensa política sin precedentes y un caso alarmante para Morena y para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina habría designado a la hermana del representante electoral de Morena en Puebla como notaria pública, como recompensa explícita a su lealtad consagrada. Lealtad que en corto y en público sigue expresándole. “Yo estoy acá por un acuerdo con el ex gobernador Salomón”; se le ha escuchado decir múltiples veces.
De cara al proceso electoral de 2027, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena debería reconsiderar la permanencia de su representante electoral en Puebla, quien no solamente habría lucrado con el cargo partidista para beneficiarse, a través de su hermana, con una patente notarial, sino que también habría permitido al menos seis registros de candidaturas a presidencias municipales en 2024, en los que propietarios y suplentes compartían parentesco en primer grado.
Además, LIBERACIÓN y su equipo de investigación documentaron 30 casos con indicios de parentesco, de los cuales seis presentaban elementos que permitían identificar esta situación.
El abogado electoral llamó «un error» al caso de Tianguismanalco. Sin embargo, se documentaron seis casos entre los 30 indicios detectados.
¿Errores u omisiones premeditadas?
Influyentismo por acá, omisiones por allá.
¿La jefa Ariadna lo cambiará?
