La Olimpiada del Conocimiento Infantil y la paridad de género

En marzo de este año, la Secretaría de Educación Pública federal, presentó la convocatoria para la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026. Este concurso, que se realiza año con año desde 1961 por iniciativa del entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, ha tenido diferentes estructuras, pero ha sido, en todas ellas, un concurso de conocimientos/habilidades para estudiantes de sexto grado a nivel nacional.

Yo tengo un conocimiento cercano sobre el proceso, porque en el año 1995 fui uno de los ganadores nacionales. Una experiencia que me permitió no sólo conocer de manera detallada la entonces Residencia Oficial de Los Pinos y diversas instituciones federales, sino también convivir durante un breve momento con el entonces presidente Ernesto Zedillo. Lo cuento ahora, no porque me parezca algo relevante académicamente, sino porque, por un lado, me permite asegurarles que conozco de primera mano el concurso, así como para que podamos observar lo que puede significar ese premio para un niño de esa edad.

El proceso, si bien es desgastante, no lo es igualmente para todos. Las y los estudiantes de sexto año, realizaban en ese entonces una primera etapa general, aplicada en la escuela de forma universal y sin que existiera la presión de saber que era para dicho concurso. No me queda duda de que habrá habido escuelas que decidieran informarlo y preparar al estudiantado, pero no fue mi caso. Nosotros sabíamos que tendríamos una prueba estandarizada para medir nuestro avance -como sería después la prueba ENLACE- y que las personas que salieran mejor, podrían tener “un premio”. Ese premio eran más exámenes, pues las/los dos mejores estudiantes repetirían ese proceso en nuevos exámenes, para ir superando los diferentes niveles de organización escolar: zona, sector, municipio, estado.

Como es posible imaginar, el proceso de selección no siempre ni en todo lugar ha sido el mismo. Hasta inicios de la década de los 2000, cada entidad federativa tenía su propio procedimiento de selección, y en la actualidad, el examen no es algo exclusivamente escrito, sino que se articula a través de un proceso mucho más completo que incluye una observación multidimensional de los procesos de enseñanza aprendizaje. En mi opinión, esto ayuda a no reconocer como elemento único la capacidad de memorización o el capital cultural previamente adquirido. Esto no significa que esos elementos no importen, pues obviamente funcionan como sustrato de las habilidades que se requieren en esta nueva etapa, como la construcción de un proyecto y su defensa, pero resulta un avance el que no sean ya los elementos únicos.

La presente convocatoria tiene una particularidad, pues es la primera que establece una perspectiva de género en su realización. Por un lado, se ha establecido un criterio de paridad efectiva en la participación, estableciendo que al menos la mitad de las personas que avancen en cada una de las etapas deberán ser niñas. Igualmente, ha establecido que en caso de empate, el primer criterio será igualmente, el de la selección de una niña.

Esta medida me parece positiva, incluso necesaria. Si bien algunas personas insisten en presentar la idea de que se trata de una medida que discrimina a los niños, o que considera en inferioridad a las niñas, esta forma de verlo sólo puede comprenderse asumiendo un mundo perfecto, donde existe una igualdad sustantiva absoluta y no hay condiciones estructurales de discriminación o desventaja. Los privilegios derivan gran parte de su poder en las sociedades modernas, de la capacidad que tienen para ocultarse como tales, al presentar las ventajas que proporcionan como resultado de esfuerzos individuales, superioridad intrínseca o incluso, suerte.

El sociólogo Pierre Bourdieu menciona en distintas partes de su trabajo, que sabía que su historia de vida sería utilizada para mostrar la posibilidad de “progreso social” mediante la inteligencia y el esfuerzo. El sociólogo más famoso de Francia -y probablemente, durante su época de mayor éxito, del mundo- venía de una familia popular, sin educación universitaria, que había crecido rodeado de carencias y problemas. Que se hablaría del sacrificio personal y familiar y se presentaría como una “historia de éxito” que demuestra que este tipo de medidas son “regalos” innecesarios e incluso contraproducentes. Pero él mismo niega esto. El sistema necesita de ese tipo de construcciones históricas para mantener la desigualdad. Exige una interiorización de sus reglas para seguir funcionando y para ello requiere que los sometidos a ellas las consideren, al menos parcialmente, justas. Su historia no es la historia de una persona que a base de trabajo duro venció las dificultades, sino por el contrario, la historia de una injusticia histórica que condenó a miles de sus amigos, compañeros y vecinos, a la pobreza a cambio de otorgarle a él una oportunidad.

Para algunas personas, el hecho de que existan disposiciones normativas que establezcan la igualdad formal ante la ley entre hombres y mujeres es una razón suficiente para demostrar que ya existe la igualdad total. Esto incluso se hace exigiendo como prueba en contrario, que se coloque una ley que rompa con esa igualdad formal. Por un lado, esto cae en el ridículo -que he contado varias veces- de aquel profesor que me dijo que la esclavitud en México no existía, porque estaba prohibida en la Constitución. Por otro, no entiende la distinción entre el sentido deóntico (lo que se ordena/prohíbe/permite) y el sentido ideológico (la razón por la que eso se ordena/prohíbe/permite y cómo esto se operacionaliza en la realidad) de las normas.

Muchas normas tienen un lenguaje que podría ser interpretado como benéfico para las mujeres, cuando en realidad tienen una intención distinta, incluso opuesta a ello. Ejemplos hay muchísimos, especialmente en temas como guardia y custodia, alimentos, pensiones, licencias o apoyos sociales, que si bien generalmente se presentan a través de un lenguaje de supuesta protección de la mujer, en realidad fortalecen estereotipos de género y colocan barreras sociales, ocupacionales y económicas que los hombres no padecemos.

Imaginar que estas diferencias jurídicas son las únicas existentes, sería reducir la realidad a la ley. Un error muy común -al menos en mi facultad-. A pesar de existir prohibiciones expresas contra la violencia, a pesar de existir leyes que buscan sancionar y proteger a la mujer y mecanismos institucionales cada día más sólidos, México sigue siendo un país especialmente peligroso para ellas, y la carga social de las labores del hogar, de cuidado y reproducción siguen colocándose bajo su responsabilidad. Lo anecdótico y personal no significa nada para calificar lo estructural, e intentar utilizarlo así, muestra lo naturalizado que está esta división.

Los números indican a nivel nacional que las niñas salen mejor en la escuela que los niños, como grupo. Más aún, también tienen mayores posibilidades de terminar su educación obligatoria que los niños y adolescentes varones. Pero esto no es una cuestión orgánica de la sociedad mexicana, ni tampoco una cuestión esencial de las mujeres, sino resultado de años de políticas dirigidas a revertir una condición terriblemente desigual que existía hasta hace no mucho y que todavía no ha desaparecido en todos los niveles. Un ejemplo puede observarse en Derecho en la UNAM. Las mujeres son actualmente mayoría entre el estudiantado de licenciatura, pero esa presencia disminuye al pasar al posgrado y vuelve a reducirse, esta vez dramáticamente, para el doctorado. La desigualdad se hace todavía más evidente en la planta académica: en 2025-1, de 1,369 docentes de la Facultad de Derecho, 510 eran mujeres y 859 hombres, y en los espacios de mayor reconocimiento académico la diferencia se mantiene: de las 88 personas de la Facultad pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en 2024, 31 eran mujeres y 57 hombres.

Estas cuestiones muestran la necesidad de este tipo de políticas. No por una cuestión de inferioridad ni tampoco, como un regalo, sino como un intento de combatir en una escala mínima, las diferencias estructurales a través de las cuáles nos constituimos. Estas acciones no sustituyen ni demeritan el esfuerzo y el desempeño de las y los participantes, ni crean procesos de diferenciación que generen discriminación. Para llegar a un nivel de desempate, es necesario ganar efectivamente ese lugar y hacerlo además, con una actuación sobresaliente. Es, reitero, un criterio de desempate, no un regalo, y debe entenderse como tal.

Resulta claro que el género/sexo no es el único elemento estructural que establece diferencias injustas entre las y los participantes. Cuestiones económicas, capital simbólico y cultural, espacios comunitarios, étnicos, familiares, permiten tener ventajas a algunas y algunos entre ellos. Este paso no es sino el primero, de muchos que tendrán que darse. Pero oponerse a él, porque no es perfecto, no es nada más que un intento de impedir que comencemos a andar.