Todos merecemos una segunda y una tercera oportunidad en la vida; reconocerlo nos hace más humanos y verdaderamente empáticos con el dolor ajeno. Destruir la reputación de una persona solo por una expresión desafortunada o fuera de lugar puede parecer una actitud inhumana. Frente a las disculpas públicas ofrecidas por las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares y el aparente arrepentimiento manifestado tras las mismas, la posición de cualquiera que busque empatizar —ya sea un compañero legislador, la ciudadanía representada o un tercero imparcial— debe ser de una alta postura ética: otorgar el perdón, renunciar al juzgamiento despiadado y no sumarse al sacrificio mediático de saberse también humano y expuesto al error.
Sin embargo, ese perdón no debe confundirse con la absolución de las consecuencias. Decir “se perdona” y no juzgar no significa que la falta quede sin respuesta. Las palabras que utilizaron —hirientes, discriminatorias e insensibles— son radicalmente contrarias al quehacer público y a la representatividad que ostentan. Quien ocupa una representación popular no habla únicamente a título personal, y la investidura le exige un estándar ético acorde con el cargo.
Por ello, para que la ecuación sea completa, el perdón exige resarcimiento. Y cuando el daño causado a la dignidad colectiva y a la confianza pública es de muy difícil reparación, la única manera de que este acto se convierta en un ejercicio de verdadera justicia es mediante una sanción ejemplar, de una magnitud equivalente al impacto de los adjetivos utilizados. Por un lado, se otorga la comprensión humana; por el otro, se exige la responsabilidad institucional. Solo así el perdón es pleno y la representación pública recupera su sentido.
La investidura no se limpia con disculpas; se sostiene con consecuencias.
