Definición del nuevo titular de la ASF entra en su fase final; Colmenares busca reelegirse entre cuestionamientos

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se encuentra en la etapa final de negociaciones para definir la terna de aspirantes que competirán por la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo nombramiento deberá votarse mañana en el pleno legislativo y requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Los integrantes de la comisión fueron convocados a sesionar a las nueve de la mañana con el objetivo de aprobar el dictamen correspondiente y enviarlo a la Junta de Coordinación Política, instancia encargada de remitir la propuesta al pleno de San Lázaro para su votación ese mismo día.

En medio del proceso, la posible reelección del actual auditor, David Colmenares, ha generado cuestionamientos entre legisladores, particularmente dentro de Morena. Colmenares fue designado en 2018 y busca mantenerse al frente del órgano responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Las críticas se centran en la disminución de acciones legales derivadas de las auditorías. Mientras en 2017 —cuando el titular era Juan Manuel Portal— la ASF presentó 90 denuncias penales por presuntas irregularidades en el gasto público, para 2021 esa cifra cayó a apenas dos.

Un fenómeno similar ocurrió con los expedientes enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De acuerdo con datos del propio órgano fiscalizador, existen mil 829 casos correspondientes a las cuentas públicas de 2016 a 2018, mientras que para el periodo 2019-2022 solo se registran 12 procedimientos.

Durante sus comparecencias ante la Comisión de Vigilancia y en entrevistas recientes, Colmenares ha defendido su gestión al argumentar que su estrategia se enfocó en la prevención de irregularidades en el uso del gasto público. No obstante, legisladores han señalado que, conforme a los artículos 74 y 79 de la Constitución, la fiscalización se realiza con base en la revisión de la cuenta pública una vez concluido el ejercicio fiscal.

Además, recordaron que la supervisión del gasto durante su ejecución corresponde a los órganos internos de control de cada dependencia y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En paralelo, la comisión ha comenzado a descartar algunos perfiles inscritos en el proceso. Entre ellos se encuentra Juan José Serrano, ex contralor del gobierno capitalino, quien no acreditó el requisito de contar con al menos diez años de experiencia directa en tareas de control, fiscalización o evaluación del gasto público.

También quedó fuera Natalia Téllez, identificada como cercana a la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, debido a que participó como candidata a ministra de la Suprema Corte en la elección judicial de 2025, lo cual contraviene la convocatoria que impide haber competido por un cargo de elección popular en el año previo al proceso de designación.

Entre los aspirantes que permanecen en la contienda destacan perfiles con experiencia en fiscalización y administración pública, como Miroslava Carrillo, ex diputada federal y actual auditora en el Estado de México vinculada al grupo político del senador Higinio Martínez. También figuran ex funcionarios de la propia ASF como Muna Dora Buchahin, Agustín Caso Rafael y Gerardo Lozano Dubernard, quienes fueron destituidos durante la gestión de Colmenares.

A la lista se suman Emilio Barriga, quien renunció al organismo el año pasado tras distanciarse del actual auditor; Delia González, auditora en Veracruz; y el auditor capitalino Edwin Meraz Ángeles, quien ha desarrollado su carrera administrativa en el gobierno de la Ciudad de México.

Para ser designado, el próximo titular de la ASF deberá alcanzar el voto favorable de dos terceras partes de los diputados presentes. En caso de que ningún aspirante logre reunir ese respaldo, existe la posibilidad de que el cargo quede temporalmente en manos del auditor especial de cumplimiento financiero, Martín Sánchez Arroyo, conforme al orden de prelación establecido en el reglamento interno del organismo.

De ocurrir ese escenario, la Cámara de Diputados tendría que emitir una nueva convocatoria para elegir al auditor superior, proceso en el que ya no podrían participar los candidatos incluidos en la terna actual.