A ocho años de la desaparición de Nadia Guadalupe Morales, Ibero Puebla pide al Poder Judicial garantizar justicia
La Ibero Puebla pidió al Poder Judicial garantizar justicia en el caso de Nadia Guadalupe Morales, adolescente desaparecida en 2017, cuyo proceso judicial enfrenta una nueva etapa con la revisión de un amparo.
A casi ocho años de la desaparición de la adolescente Nadia Guadalupe Morales Rosales, la Universidad Iberoamericana Puebla hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que garantice el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para su familia, en un momento clave del proceso judicial que busca esclarecer el caso.
A través de un posicionamiento público emitido por la Clínica Jurídica Minerva Calderón, la institución académica señaló que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Puebla analizará próximamente el amparo directo 142/2025, cuya resolución podría marcar un punto decisivo en la ruta judicial del caso.
Nadia Guadalupe desapareció el 27 de octubre de 2017, cuando tenía 17 años. Ese día salió de su casa rumbo al bachillerato y abordó el transporte público para dirigirse a clases; sin embargo, nunca volvió a su hogar. Desde entonces, su familia inició una búsqueda constante para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades.
El proceso judicial ha atravesado diversas etapas a lo largo de estos años. En 2025, un tribunal de apelación determinó la responsabilidad penal de una persona por el delito de desaparición cometida por particulares, revocando una sentencia previa que había absuelto al acusado en primera instancia.
Para la familia de la joven, el camino ha estado marcado por denuncias de irregularidades y omisiones durante las investigaciones iniciales. Por ello, han insistido en que las autoridades judiciales analicen el caso bajo estándares de derechos humanos y con la debida diligencia que requieren los delitos de desaparición.
En su pronunciamiento, la Ibero Puebla también advirtió que el caso podría estar vinculado con redes de trata de personas con fines de explotación sexual, lo que obligaría a las autoridades a realizar un análisis especializado y a considerar el contexto en el que ocurrió la desaparición.
La comunidad académica recordó que los delitos de desaparición presentan desafíos particulares en materia probatoria, ya que con frecuencia no existen evidencias directas. En esos casos, explicaron, es necesario recurrir a herramientas como la prueba circunstancial, peritajes sociales y psicológicos, así como análisis de contexto que permitan reconstruir los hechos.
Asimismo, subrayaron que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y sancionar estos delitos con perspectiva de género y enfoque interseccional, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Para la universidad, la resolución del amparo representa un momento crucial no solo para la familia de Nadia Guadalupe Morales, sino también para el combate a la impunidad en casos de desaparición en el país.
El fallo que emita el tribunal colegiado en Puebla será seguido de cerca por organizaciones académicas y defensoras de derechos humanos, que consideran este caso un símbolo de la exigencia social de verdad, justicia y reparación frente a la crisis de desapariciones que enfrenta México.
