CNDH desestima informe de la ONU sobre desapariciones y acusa enfoque parcial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada al considerar que presenta inconsistencias, carece de sustento jurídico y responde a una visión sesgada sobre la situación de México en materia de desapariciones.
En un posicionamiento público, el organismo mexicano cuestionó que el comité haya solicitado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas escalar el caso mexicano ante la Asamblea General, al argumentar que no se agotaron los procedimientos establecidos en la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas.
La CNDH también criticó que el informe otorgue mayor peso a información de organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por encima de lo que calificó como avances institucionales y presupuestales impulsados por el Estado en los últimos años.
Asimismo, señaló contradicciones en el documento, al apuntar que, por un lado, no se acredita una política de desapariciones desde el Estado, pero por otro se sugieren prácticas sistemáticas vinculadas a estructuras públicas o criminales.
El organismo rechazó además la propuesta de reforzar la cooperación internacional en esta materia, al considerar que ese tipo de esquemas no han dado resultados efectivos en el pasado y no responden a la complejidad del fenómeno en el país.
En su argumentación, la comisión sostuvo que el problema de las desapariciones tiene raíces históricas, que van desde episodios como la llamada Guerra Sucia hasta la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón. En contraste, planteó que la respuesta actual debe centrarse en fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda e investigación.
La postura de la CNDH coincide con la del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que previamente calificó el informe como tendencioso y con deficiencias técnicas.
Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional respaldaron el análisis del comité y urgieron a México a aceptar mecanismos de cooperación, al advertir que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias en el país.
El posicionamiento de la CNDH también incluyó críticas hacia algunas organizaciones civiles, a las que acusó de politizar el tema, lo que refleja la creciente confrontación entre instituciones del Estado y colectivos de víctimas en torno a la atención de esta problemática.
